“La historia es importante no sólo porque se puede aprender del pasado, sino también porque el presente y el futuro están conectados al pasado por obra de la continuidad de las instituciones de una sociedad”
Douglass North
El Perú hará frente a su bicentenario inmerso en un territorio heterogéneo y con desgarradores contrastes. Asumió el objetivo de “no dejar a nadie atrás”, ratificando su compromiso con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que son una aspiración a la transformación económica, social y ambiental que plantea optar por nuevos modelos de desarrollo que no perpetúen el modelo histórico de degradación del medio ambiente y aumento de la desigualdad, lo que implica transformaciones en la política, la economía, las relaciones sociales y su entorno natural (Schot, Boni, Ramírez, Steward, 2018). Sin embargo, su visión de desarrollo sostenible agoniza, sus instituciones democráticas no pasan por un buen momento, una crisis política y de partidos nubla la concepción de desarrollo mismo y la política ha perdido su relevancia como espacio decisorio para una apuesta económica afín a las demandas de la sociedad.
El Perú, a pesar de sus avances, está inmerso en un contexto de fragilidad institucional, las instituciones existentes no han logrado dar forma las interacciones u orientar comportamientos colectivos, ayudando a formar expectativas, reduciendo con ello los grados de incertidumbre y los costes de transacción que rigen en una sociedad (North, 1993). Nuestro país se encuentra atrapado en un contexto que orienta, gestiona, determina y controla, a través de discursos, ideologías, normas y procedimientos, como piezas de una máquina anti-política, que tienen el efecto de provocar desenfoques de la realidad y hacer que todo proyecto institucional orientado al desarrollo no logre ser sostenible.
Según Alonso (2014), las instituciones conforman ese marco de incentivos y penalizaciones, de valores, normas y creencias que dan forma y regularidad a la interacción social, por ello reducen el riesgo y los costes de transacción; y propician la acción colectiva para resolver los problemas de coordinación que se plantean en un entorno de incertidumbre, compuesto por agentes que deciden de modo autónomo en un marco de generalizadas interdependencias.
“…cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes” Agamben (2015:23).
En el Perú, sin embargo, se pueden identificar “dispositivos de poder” entendidos como “…cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes” Agamben (2015:23). Dispositivos que al ser parte del ideario de los ciudadanos a mutilado su capacidad de acción frente a la organización. Por ejemplo, un desarrollismo autómata como fin incuestionable pero difuso, que genera una atmósfera de supuesto consenso olvidando la finalidad política del mismo. Esto sumado a la propagación de prejuicios identitarios que impiden a los actores sociales una mirada equitativa y lúcida que garantice los derechos de los ciudadanos, plagado de acciones humanitaristas, expresadas en prácticas emotivas publicitarias, que minan la regeneración de la esfera política pues la infectan de paternalismo y finalmente una visión de la política como técnica que sustituye el gobierno por una expertocracia gerencial de recursos (humanos, económicos y naturales) que imposibilita el acceso equitativo de los ciudadanos a una deliberación política exenta de dominios y enfocada a la autonomía. Estos mecanismos antipolíticos, no han permitido una consolidación de instituciones fuertes en favor del desarrollo, así mismo, condiciones socioeconómicas como la desigualdad influyen en el fracaso políticas institucionales.
A pesar de escuchar discursos marcados por el rigor y la confianza, orientados a construir un espacio “entre” y no sólo “con” los ciudadanos. Aún nos cuesta reconocer que, a pesar de los avances, nuestro tejido social está fragmentado y estático, tenemos escasos medios para la formación en ciudadanía inclusiva e integral en medio de una atmósfera general de falta de expectativas y una gobernanza débil o ausente con un Estado intermitente. No logramos establecer una secuencialidad entre el pensamiento, el discurso y la acción, entre el análisis, la comunicación y la política, entre la toma de decisiones, la planificación y la ejecución del desarrollo, que de establecerse como práctica de gobierno y de la sociedad civil, es la que aseguraría en gran medida la capacidad de responder con solvencia a los desafíos de una buena gobernanza. Desafíos como la imparcialidad ante preferencias personalistas o de grupos de presión, ecuanimidad en los procedimientos, oferta de servicios públicos de calidad de manera efectiva y planificación a largo plazo sobre un horizonte consensuado de desarrollo.Empecemos por admitir entonces, que el origen de nuestra República nos ha dejado emociones que no podemos evitar y que nos dicen que algo fue mal hecho desde el inicio y ha terminado afectando inevitablemente a las formas en que percibimos nuestra peruanidad e imaginamos nuestro futuro, siendo hasta nuestros días incluso a puertas de los 200 años, una república criolla y una nación en formación. Una sociedad con costumbres coloniales y sin tradiciones de poder y autonomía basadas en la libertad y la igualdad que aún intenta encontrar su rumbo. Una república sin ciudadanos (Galindo, 1994) o ciudadanos sin república (Vergara, 2018), una república inacabada y en formación.
Intentar plantear una alternativa viable, justa y sensata para revertir esta crisis institucional, debería apostar por favorecer la acción colectiva, desde procesos internos de reconocimiento, desafío, cuestionamiento y aprendizaje que nos permitan no perpetuar el papel pasivo a la que nos condena la inercia de los procesos actuales. Permitiéndonos construir un proyecto de acción y transformación colectiva que requiere cambios de estructuras de voz y poder, en la que el ciudadano es concebido en su multiplicidad de escenarios, como sujeto libre de pleno derecho que propone agendas de conversación, negociación, discrepancia y entendimiento con los actores del Estado, y donde las instituciones hayan recuperado la política como ejercicio de Gobernanza, con autonomía para deliberar y establecer fines que coincidan con los horizontes de desarrollo sostenible y bienestar que la sociedad como comunidad política aspira.
el rol de las instituciones en el desarrollo está orientado a impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer los derechos humanos, construir ciudadanía intercultural e inspirar agendas de acción desafiantes que nos permitirán evidenciar nuestras fortalezas internas para activar oportunidades y disminuir debilidades
En ese sentido el rol de las instituciones en el desarrollo está orientado a impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer los derechos humanos, construir ciudadanía intercultural e inspirar agendas de acción desafiantes que nos permitirán evidenciar nuestras fortalezas internas para activar oportunidades y disminuir debilidades (capacidad); demostrando procesos con capacidad de provocar impactos de crecimiento en el corto y mediano plazo (voluntad); en coherencia con nuestros principios (legitimidad) y orientados a los fines de desarrollo del colectivo (representatividad). Un proceso articulado, entre las agendas nacionales en contraste con los objetivos de desarrollo sostenible, integral tanto por sus áreas de impacto como por sus focos de atención, intercultural: tanto por las brechas sociales que cierra, como por los actores que empodera y dinamizador tanto por los procesos que genera como por las expectativas que estimula.
Finalmente, se deberá apostar seriamente por fortalecer el derecho humano a una vida digna no condicionada por la pobreza, el derecho a oportunidades de desarrollo económico ligado a la legalidad y al libre desarrollo de las capacidades, con pleno ejercicio de derechos ciudadanos y colectivos a la participación y toma de decisiones en asuntos públicos y espacios de concertación, que permitan construir una ciudadanía intercultural, consciente de las inequidades y dispuesta a revertirlas, con visión política que genere condiciones para una participación empoderada, responsable, articulando los derechos básicos con las respuestas adecuadas como actores políticos donde las diferencia indígena, no indígena, hombre, mujer no supone diferencia en el acceso a las oportunidades de participación. Quizá, así nuestro bicentenario sea una buena excusa que nos permita generar colectivamente nuestro desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA
- Agamben, G. (2015). ¿Qué es un dispositivo? Anagrama. España.
- Alonso, J. (2014) Instituciones, acción colectiva y mercado: el desarrollo económico desde una perspectiva institucionalista. Consultado el 01 de abril del 2020 https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2014-02-21-CATEDRA%20Jos%C3%A9%20Antonio%20ALONSO%20.pdf
- Schot, Boni, Ramírez, Steward (2018) “Addressing SDGs through Transformative Innovation Policy’, TIPC Research Briefing 2018-01.
- D. (1993). Instituciones cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. México.
- Galindo, A. F. (1994). Buscando un Inca. Identidad y utopía en los andes. Lima: Horizonte.
- Vergara, A. (2018). Ciudadanos sin república. Lima: Planeta